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AI summary
The privatization of Belgrano Cargas is facing challenges after Grupo México decided not to participate in the bidding scheduled for November 11, citing disagreements with the government's terms. Simultaneously, Javier Milei's administration canceled 11 infrastructure bidding processes funded by China, increasing uncertainty about the project's future.
Northern provinces of Argentina are raising concerns about the inclusion of obligatory investments needed for regional development.
Generated by AI from the original story in Spanish.
La privatización del Belgrano Cargas enfrentó en las últimas horas dos señales de alerta antes de la apertura de sobres prevista para el 11 de noviembre. Grupo México, uno de los principales interesados en quedarse con la operación ferroviaria y con un plan de inversiones de US$ 3.000 millones, decidió no participar de la licitación por diferencias con las condiciones establecidas por el Gobierno. Al mismo tiempo, la administración nacional dio de baja 11 licitaciones de obras de infraestructura que contaban con financiamiento chino y que abarcaban seis provincias.
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La salida del grupo mexicano reduce la competencia extranjera en un proceso que busca concesionar por 50 años los servicios de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La decisión fue reportada por distintos medios, aunque hasta el momento la compañía no comunicó oficialmente su decisión.
El retiro se produce en un momento clave para el proceso de privatización, que abarca la infraestructura ferroviaria, los talleres y la posibilidad de adquirir el material rodante. Es importante recordar que Belgrano Cargas cubre, a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias del país. Su proceso de privatización se inició hace dos años, en octubre de 2024, tras la aprobación de la Ley Bases.
Según había argumentado el Gobierno de Javier Milei, su privatización tiene como objetivo mejorar la eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de cargas, luego de que la empresa, bajo gestión estatal, requiriera que el Estado aportase US$ 112 millones en 2023 para cubrir su déficit. "Cuenta con una planta sobredimensionada y presenta una estructura jerárquica elevada que no se corresponde con sus funciones", aseguró la Secretaría de Transporte en la web oficial en la que presentó los motivos detrás de la privatización.
Entre los interesados que siguen en carrera aparecen empresas locales, un consorcio de cerealeras y el grupo Roggio, operador del subte de Buenos Aires, que recientemente perdió la licitación para comprar el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
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