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La Nación7 min read

AI estimate · 85% confidence
AI summary
The article analyzes the current electoral and economic context in Argentina, focusing on the candidacies for 2027. As Milei acknowledges his internal rivalry, economic management faces significant challenges, especially regarding investment projects and diplomatic tensions, such as the case of Harbour Energy.
It highlights how the government deals with the privatization of state companies and pressure on public finances in an uncertain scenario.
Generated by AI from the original story in Spanish.
No hay dudas de que en el establishment la conversación gira alrededor de las candidaturas para 2027. La ansiedad es máxima y los mercados lo reflejan. Sin embargo, la oposición todavía ni empezó a jugar: está enfrascada en sus internas. Por eso, aunque la economía ya está en parte condicionada por las expectativas electorales, en el corto plazo depende tanto o más de algo más cotidiano: la pericia libertaria para gestionar. “Mi rival soy yo mismo”, dijo hace poco el propio Javier Milei en el Coloquio de IDEA. Es el eterno problema de los oficialismos. Pero el margen de error se achica a medida que la elección se acerca y, sobre todo, cuando los números de la economía no terminan de acompañar con la fuerza que el Gobierno hubiera deseado.
Así las cosas, la bandera malvinera, que en algún momento sirvió para desviar la agenda pública de la economía, hoy pasa factura. El primer costo fue diplomático. El gobierno de Donald Trump le hizo saber a la administración libertaria que el proyecto de Ley de Soberanía, tal como estaba planteado, ponía en riesgo inversiones norteamericanas en el país. El borrador no tardó en cambiar. Pero para las empresas que operan en negocios estratégicos, el panorama no termina de despejarse. Más aún, hay en este momento algunos proyectos que el Gobierno considera clave para esta nueva etapa de la Argentina que esperan definiciones. Es el caso de Southern Energy (SESA), que contempla la exportación de gas natural licuado (GNL) desde el golfo San Matías, en Río Negro, con gas de Vaca Muerta, y que integran Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.
Ocurre que Harbour Energy, señalada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por sus vínculos con Malvinas, no solo tiene el 15% del proyecto, sino que, según confiaron a LA NACION, está en plenas negociaciones con Pampa Energía para comprarle su participación en SESA, que hoy es del 20 por ciento. En rigor, las conversaciones formarían parte de una apuesta mayor de Harbour, que buscaría quedarse también con el yacimiento de gas El Mangrullo, de Pampa, en Neuquén, con la intención de convertirse en un operador fuerte en la industria del gas. Sería una operación de unos US$1000 millones, que se sumaría al plan de inversiones de la empresa, estimado en unos US$5000 millones para los próximos cuatro años, según había informado la compañía.
La PIA denunció a Harbour Energy, junto con funcionarios de la Secretaría de Energía, porque la empresa fue habilitada, como accionista de SESA, a exportar GNL y a entrar al RIGI en abril de 2025, pese a que Premier Oil había sido inhabilitada en 2013, por 15 años, por participar de un proyecto en Malvinas. El punto es que, para la denuncia, Harbour y Premier Oil son la misma empresa: en 2021, Premier Oil se fusionó con la británica Chrysaor y pasó a llamarse Harbour Energy.
Ese mismo año, no obstante, la empresa Harbour atendió a la intimación de las autoridades argentinas, vendió su participación en Sea Lion a la israelí Navitas y se retiró de las islas. Además, asumió el compromiso irrevocable de cumplir la normativa argentina respecto de Malvinas. En 2024 amplió su presencia en el país con la adquisición de los activos de la alemana Wintershall Dea y desde entonces tiene proyectos de inversión en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.
“Definitivamente, el tema Malvinas está metiendo mucho ruido en todo el negocio petrolero y minero”, reconoce una fuente de la industria. “Lo de Harbour funciona como un caso testigo: no significa que los proyectos después no avancen, pero pueden demorarse. También genera tensión con los fondos que tienen que financiar estos proyectos: muchos tienen vínculos directos o indirectos con empresas que operaron en Malvinas”, agregó. Esto no es “riesgo kuka”. Es la industria más competitiva de la era Milei la que sufre los efectos no deseados de las iniciativas del propio Gobierno.
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