Malvinas: The path of legal diplomacy for the peaceful defense of our interests

Malvinas es una causa nacional de los argentinos. Defenderla exige actuar con la determinación a la que nos obligan la fuerza de nuestra Constitución Nacional y lo sagrado de esta gesta. Hoy esa responsabilidad nos enfrenta a una amenaza que tiene nombres y un programa de operaciones. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum pretenden explotar petróleo en la Cuenca Malvinas Norte mediante el denominado proyecto “Sea Lion”, con licencias ilegales e ilegítimas emitidas bajo la autoridad de facto del Reino Unido en nuestras islas.

La Argentina formuló reiteradas protestas contra esas actividades ilícitas. En los últimos meses, los anuncios de las compañías, sus contratos y el calendario de perforaciones han acercado el inicio de un programa que prevé 35 años de producción y 23 pozos. Bajo el lecho marino de la Plataforma Continental de nuestro país hay reservas que, una vez extraídas, se pierden para siempre. Preservarlas es defender el patrimonio de todos los argentinos.

El 3 de septiembre, el presidente Javier Milei presentó por cadena nacional una estrategia integral para defender nuestros derechos y responder a esa amenaza. Su instrucción fue emplear todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles con la firmeza que exige esta causa. Así avanzamos hacia el objetivo de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un engranaje más de esa maquinaria jurídica y diplomática que ya pusimos en marcha, con un objetivo concreto e inmediato: obtener medidas provisionales que frenen la explotación de hidrocarburos en Sea Lion antes de que comience.

El amplio respaldo internacional que recibió la Argentina no solo se agradece: es la respuesta razonable y esperable frente a las reiteradas acciones unilaterales del Reino Unido, que agravan la controversia mientras se niegan sistemáticamente al diálogo. La comunidad internacional exige negociación y soluciones pacíficas, no el avasallamiento de derechos soberanos ni la explotación ilegítima de recursos naturales.

Así lo han expresado la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como C24, la OEA, el Mercosur, la Celac, la Aladi y el Grupo de los 77 y China, entre otros. La Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, renovó el llamado a negociar y a abstenerse de adoptar medidas unilaterales. Frente al avance de las actividades ilegales e ilegítimas y al riesgo de un perjuicio irreversible, decidimos sumar a ese esfuerzo diplomático la vía judicial para resguardar nuestros recursos.