Involuntary Hospitalization Against Patient Will

El Estado llega tarde, las familias se desesperan y las personas que atraviesan una crisis de salud mental no encuentran dónde pedir ayuda. Frente a ese escenario, el Gobierno impulsa una reforma que amplía las condiciones para internar a una persona en contra de su voluntad. Ese desplazamiento constituye un retroceso: la facultad de restringir la libertad gana terreno mientras la capacidad de garantizar cuidados sigue bajo discusión.

El Senado aprobó el proyecto con 42 votos afirmativos y 21 negativos y lo giró a Diputados. Todavía no es ley. La iniciativa modifica los criterios de internación involuntaria, reorganiza la participación de los profesionales e incorpora disposiciones sobre las adicciones, los familiares y la atención de niños y adolescentes. Su orientación más controvertida pasa por flexibilizar una intervención excepcional sobre la autonomía de las personas.

Ariel Ghirelli es psicólogo y lleva décadas acompañando a personas con problemas de salud mental graves y cree que esta reforma es mentirosa e incongruente. “Se debilitan las condiciones de atención. Considero perversa esa contradicción: invocar el cuidado de las personas mientras se les quitan los apoyos que necesitan. El oficialismo no puede reivindicar la salud mental mientras descalifica a las personas y debilita la salud pública. La responsabilidad de gobernar exige cuidar, financiar y garantizar atención. Un título legislativo no reemplaza ninguna de esas obligaciones”.

Durante el debate, la senadora Ivanna Arrascaeta defendió esa modificación como una herramienta para llegar a tiempo. Pero anticiparse exige también servicios accesibles, seguimiento y equipos disponibles. Ampliar una categoría legal no garantiza ninguna de esas respuestas. La gravedad de un padecimiento merece atención. Para justificar una internación involuntaria hacen falta criterios precisos y controles efectivos.