Government begins to restrict the arrival of Chinese cell phones to Argentina
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The Argentine government has imposed new restrictions on the arrival of Chinese technological equipment, including mobile phones, requiring manufacturers to obtain the U.S. safety certification SCS 9001, which companies like Huawei and ZTE cannot acquire. This regulation, published by the National Cybersecurity Center, is mandatory for the state and its companies in purchases starting within 90 days, also affecting private companies contracting with the state.
The sector fears that these measures could increase costs and reduce competitiveness in telecommunications.
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El Gobierno sumó una nueva barrera para la tecnología china en la Argentina, esta vez en las telecomunicaciones. El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) publicó hoy en el Boletín Oficial una disposición que exige a los fabricantes de equipos para las redes más sensibles del Estado una certificación de seguridad estadounidense, la SCS 9001, que empresas como Huawei y ZTE no pueden obtener. Esto involucra desde infraestructura hasta teléfonos celulares.
La certificación la emite una asociación privada de la industria de Estados Unidos, la Telecommunications Industry Association (TIA), que según su propia política no admite a ninguna empresa que figure en las listas de restricciones de ese gobierno. Allí están Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI.
El mecanismo ya tiene antecedentes. En un informe al Congreso, el Departamento de Estado norteamericano destacó que Paraguay exigió la misma certificación en su licitación 5G de 2025, un requisito que, según el texto, impediría en los hechos competir a las empresas chinas “sin excluirlas explícitamente”. El organismo lo atribuyó a meses de negociaciones de su embajada con el gobierno paraguayo, respaldadas por un fondo de US$6 millones para contrarrestar la influencia china.
La disposición se suma a otras señales del Gobierno. En los pliegos de la Hidrovía, de las concesiones viales y de la obra eléctrica AMBA I, incluyó una cláusula que impide presentarse como oferentes a empresas controladas por Estados extranjeros, lo que deja afuera a la mayoría de las chinas. Y en agosto, el embajador estadounidense Peter Lamelas aseguró que Huawei “espía para el Partido Comunista Chino”, una acusación que la empresa rechazó.
La exigencia es obligatoria para el Estado nacional y sus empresas en las compras que se inicien dentro de 90 días. Una de las primeras alcanzadas sería Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones que, según pudo saber LA NACION, tendría cerca de dos tercios de su equipamiento de origen chino, principalmente de Huawei y ZTE. También deberían cumplirla, a través de los pliegos, las empresas privadas que contraten con el Estado, como operadores de telefonía, centros de datos o proveedores de nube.
En esos 90 días, el CNC deberá definir qué redes son críticas y clasificar los equipos en cuatro niveles. La certificación SCS 9001 se exigirá en los dos más altos. Durante los primeros 36 meses, alcanzará con que el organismo privado estadounidense confirme que el fabricante se registró para certificar, una vía cerrada para las empresas sancionadas, porque la TIA las filtra antes de aceptar el registro.
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