Carbon market: Strong expectations in agriculture after the Senate's partial approval of an initiative that could generate millions

La posibilidad de que los productores agropecuarios obtengan ingresos por proyectos que reduzcan emisiones o capturen carbono dio un paso en el Congreso. Este jueves, el Senado aprobó un marco regulatorio para el mercado de carbono que establece reglas sobre la titularidad y comercialización de los créditos: contempla beneficios fiscales y fija condiciones para la participación de los propietarios de campos en programas públicos. La iniciativa, que ahora deberá tratar Diputados, despertó expectativas en el sector, aunque los especialistas advierten que su impacto dependerá de cómo se instrumente. Para el Gobierno, se puede generar un mercado de exportación de hasta 3900 millones de dólares.

“Tranquilamente, la ganadería, la agricultura y la forestación van a poder aumentar la eficiencia productiva, bajar los costos y, tal vez, intentar recibir un adicional de ingresos a través de créditos de carbono”, señaló Andrés Costamagna, director del área de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El proyecto define cada crédito como un instrumento certificado que acredita una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada, reducida o removida respecto de un escenario de referencia. Para el agro, la oportunidad que describen los consultados comprende proyectos vinculados con los suelos, las pasturas, los bosques y el tratamiento de efluentes, siempre que sus resultados puedan medirse y verificarse.

“La Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene recursos naturales suficientes, porque puede ofrecer servicios basados en la naturaleza, porque puede ayudar a proteger y a conservar si aparece financiamiento”, sostuvo Costamagna. A su entender, también puede aumentar la producción agropecuaria con prácticas sostenibles, pero necesita “incentivos claros”.

Uno de los puntos sensibles para los productores es quién tiene derecho a los créditos y a los ingresos que generen. El texto los considera bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, diferenciados del inmueble, el recurso natural y la actividad de los que derivan. Además, aclara que la titularidad en el registro de una certificadora no implica por sí sola la propiedad económica: esta dependerá de los acuerdos y contratos con los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados al proyecto.

“Esto tiene que ver con respetar la propiedad privada, con que el dueño de la tierra sea el principal beneficiario de los proyectos de carbono y con generar un marco de tranquilidad y de transparencia para que las inversiones lleguen”, afirmó Costamagna.