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El artículo enfatiza el deterioro del poder adquisitivo y presenta la situación de las familias que enfrentan este problema, utilizando frases como "las familias no solamente reemplazan alimentos más caros" y discutiendo el impacto negativo de las políticas de ajuste fiscal. La crítica hacia el gobierno de Milei es evidente al presentar el contraste entre el crecimiento de exportaciones y las dificultades de consumo interno.
El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a 44,5 kilos por habitante al año, mientras los precios de los cortes aumentaron 44,5 por ciento interanual, muy por encima de la inflación general. El retroceso refleja una transformación forzada en los hábitos alimentarios de las familias, que deben reemplazar productos tradicionales por alternativas más económicas o directamente reducir las cantidades consumidas. Bajo el gobierno de Javier Milei, la imposibilidad de acceder a cortes bovinos se inscribe en un deterioro más amplio del poder adquisitivo, que también alcanza a los lácteos, las góndolas de supermercados y otros productos esenciales.
Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna por habitante retrocedió 11,2 por ciento interanual, equivalente a 5,6 kilos menos por persona. La comparación histórica resulta todavía más contundente: en 2023 se consumían 54 kilos anuales por habitante, mientras que actualmente el promedio se ubica en apenas 44,5 kilos. En 3 años, los argentinos perdieron casi 10 kilos de consumo anual de uno de los alimentos más característicos de su dieta.
El encarecimiento de la carne vacuna explica parte de esta transformación. Durante octubre, el kilo de asado alcanzó los 16.957,6 pesos, mientras que la carne picada común llegó a 10.778,9 pesos. En términos interanuales, la carne picada aumentó 47,2 por ciento, el cuadril 45 por ciento, el asado 44 por ciento y la nalga 43,7 por ciento. Todos estos incrementos superaron ampliamente la inflación general del Gran Buenos Aires, que alcanzó 33 por ciento.
Frente a estos aumentos, el pollo aparece como una alternativa relativamente más económica. Según CICCRA, su precio registró una suba interanual de 28,6 por ciento, considerablemente inferior a la de los cortes vacunos. La diferencia de precios ayuda a explicar la sustitución de proteínas en los hogares, aunque no permite por sí sola establecer cuánto aumentó el consumo de pollo. El fenómeno expresa cómo las restricciones presupuestarias condicionan las decisiones alimentarias, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
Pero la crisis no se limita a las carnicerías. Las ventas en supermercados acumulan una caída de 15,8 por ciento respecto de la referencia previamente relevada, mientras que el consumo de productos lácteos registra un retroceso cercano al 25 por ciento. Aunque corresponden a indicadores y períodos diferentes, ambos datos muestran que las dificultades de consumo alcanzan también a productos básicos de la alimentación cotidiana. Las familias no solamente reemplazan alimentos más caros, sino que también deben reducir sus compras habituales.
Detrás de esta contracción aparece el deterioro de los ingresos. El salario mínimo acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40 por ciento, mientras que la jubilación mínima registra una caída real de 28,9 por ciento respecto de los niveles utilizados como referencia. La política de ajuste fiscal, la pérdida salarial y el encarecimiento de los gastos esenciales redujeron el margen disponible para la compra de alimentos. La desaceleración de la inflación que destaca el Gobierno no implica necesariamente una recuperación de la capacidad de consumo.

Extracto. El contenido pertenece a Página/12.