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Argentina necesita proteger mejor los datos que administra el Estado, porque allí se guarda desde la historia clínica de una persona atendida en un hospital público, hasta la información con la que se liquida una jubilación. Cuando esos sistemas quedan expuestos, alguien puede acceder a nuestro domicilio o usar nuestra identidad para cometer una estafa. Un ataque también puede impedir que un hospital consulte un estudio o demorar un trámite del que depende el ingreso de una familia.
Esta necesidad debería orientar una política de desarrollo tecnológico que aproveche el conocimiento disponible en el país. Sin embargo, las decisiones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Ciberseguridad parecen quedar subordinadas a los intereses geopolíticos de Estados Unidos frente a China, mientras abren oportunidades comerciales para proveedores extranjeros.
Las renuncias de Ariel Waissbein, director del Centro Nacional de Ciberseguridad, y de su segundo, Ezequiel Gutesman, seguidas por el despido de Ariel Cessario, coordinador del equipo nacional de respuesta a incidentes informáticos, dejan en evidencia la improvisación y el debilitamiento de los equipos responsables de esa tarea. Las renuncias se produjeron tras la cancelación de una jornada que debía reunir a empresas argentinas de ciberseguridad. Los participantes ya habían viajado a Buenos Aires y preparado sus presentaciones cuando recibieron la noticia. El encuentro buscaba identificar capacidades locales para incorporarlas al futuro centro de operaciones encargado de detectar ataques contra organismos públicos y coordinar su respuesta.
Esa desarticulación compromete una oportunidad de desarrollo, porque la contratación pública puede generar demanda para empresas argentinas y permitir que nuestros profesionales acumulen experiencia en proyectos complejos. Un centro nacional de ciberseguridad necesita tecnología y personas capaces de comprenderla y administrarla. Comprar herramientas sin fortalecer esos equipos puede dejar al Estado dependiendo de decisiones que se toman fuera de su alcance.
Mientras se desplazaba a los funcionarios y se cancelaba la convocatoria a empresas argentinas, Estados Unidos avanzaba con su propio programa de asistencia. En septiembre abrió una convocatoria por 13,9 millones de dólares y el 22 de octubre, dos días después de las renuncias, su embajada anunció un programa de 15 millones para instalar el centro en ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones. Las condiciones del financiamiento concentran la ayuda en el asesoramiento, mientras dejan a Argentina la responsabilidad principal de conseguir los recursos para comprar los equipos y programas necesarios y sostener su funcionamiento. Además, establecen que quien ejecute la asistencia debe procurar que esas compras se orienten hacia proveedores considerados confiables por Estados Unidos.
Argentina, por lo tanto, deberá financiar una parte sustancial de una infraestructura cuya selección tecnológica recibe orientación de otro gobierno. La discusión sobre soberanía digital comienza en esas condiciones concretas, porque comprometen recursos futuros y pueden determinar nuestra dependencia de ciertas empresas durante años.
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