YPF trial: Argentina requested an extension from the US Supreme Court

El Gobierno argentino solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para responder al pedido de revisión presentado por los fondos que litigan contra el país por la expropiación de YPF. La solicitud establece como nueva fecha límite el 2 de diciembre y extiende los plazos de una causa que busca revertir la condena millonaria dictada en primera instancia. El pedido se conoció luego de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara formalmente sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar u$s16.

100 millones, un monto que con intereses superaba los u$s18.000 millones. La decisión acató el fallo de la Cámara de Apelaciones que había revocado la condena contra el Estado argentino. La solicitud de extensión modifica el cronograma del expediente, pero no implica una definición sobre el fondo de la disputa. La Corte Suprema deberá resolver primero si acepta revisar el recurso presentado por los demandantes, que buscan restablecer la sentencia original.

La prórroga solicitada por el Gobierno se inscribe en el trámite judicial ante el máximo tribunal estadounidense. Una vez presentada la respuesta argentina, los jueces deberán decidir si aceptan intervenir en el caso, una instancia que no tiene plazos definidos para su resolución. La presentación de los fondos no obliga a la Corte Suprema a tomar el expediente. El tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión por período de sesiones y suele aceptar alrededor de 80, por lo que la definición dependerá de la decisión de sus integrantes.

Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF El litigio se originó en la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los antiguos accionistas Petersen Energía y Eton Park impulsaron la demanda, financiada por el fondo Burford Capital, al considerar que la expropiación había vulnerado sus derechos. En septiembre de 2023, Preska había condenado a la Argentina a pagar u$s16.100 millones por la forma en que se realizó la estatización.

Sin embargo, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia y falló a favor del país. Los demandantes intentaron que el tribunal revisara esa decisión, pero su planteo fue rechazado. Por eso, recurrieron a la Corte Suprema estadounidense, en busca de revertir el resultado de la apelación. En paralelo, Burford Capital abrió una vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

De esta manera, el conflicto mantiene abierta una instancia arbitral mientras se espera la decisión de la Justicia estadounidense.