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AI summary
The Argentine government has approved adherence to the Patent Cooperation Treaty, raising concerns among local laboratories about a possible increase in drug prices. Despite negotiated changes to protect local control, laboratories warn that the treaty could favor large foreign pharmaceutical companies, restricting competition and delaying the arrival of generic versions.
Generated by AI from the original story in Spanish.
El Gobierno logró aprobar en el Senado la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pero abrió un frente de conflicto con los laboratorios nacionales. Advierten que el acuerdo puede disparar el precio de los medicamentos y dejar en desventaja a la producción local.
El proyecto se aprobó con 47 votos a favor y 22 en contra. Javier Milei lo impulsó en el marco de los compromisos comerciales con Estados Unidos. Aunque durante la negociación se incorporaron cambios para conservar ciertas facultades de control local, la decisión dejó planteada una disputa por el futuro del mercado farmacéutico argentino.
Los laboratorios nacionales, representados por las cámaras empresarias CILFA y Cooperala, advierten que el tratado puede beneficiar a las grandes farmacéuticas extranjeras y perjudicar a los fabricantes argentinos. Temen que las multinacionales consigan extender sus patentes sobre medicamentos que ya existen y retrasen la llegada de versiones genéricas, que suelen ser mucho más baratas.
Esta práctica se conoce como evergreening y consiste en hacer pequeños cambios en un medicamento para mantener la exclusividad de su venta durante más tiempo. Para los laboratorios argentinos, evitar estas maniobras es clave para sostener la competencia y ofrecer tratamientos a precios más bajos.
Por eso reclamaron mantener controles nacionales sobre las patentes. Durante las negociaciones consiguieron que Argentina dejara en reserva el capítulo II del tratado, lo que permite conservar ciertas instancias de evaluación local.
La preocupación por el precio de los medicamentos también fue planteada por Fundación GEP, una organización que defiende el acceso a los tratamientos. Su directora ejecutiva, Lorena Di Giano, advirtió que el acuerdo puede provocar una llegada masiva de pedidos de patentes extranjeras y sobrecargar al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), encargado de evaluar y otorgar las patentes en el país.
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