For Javier Milei, the homeland comes second

“Los intereses de EE.UU. primero; los de Argentina, después”: esta parece ser la consigna del gobierno nacional argentino, a la hora de pensar en infraestructuras tecnológicas para nuestro país, en el contexto de la batalla geopolítica entre las dos superpotencias del orbe. Esto se refleja en la indefensión que adolece nuestro país en materia de ciberseguridad estatal, a juzgar por lo que viene sucediendo en las últimas semanas en el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) que estuvo dirigido por Ariel Waissbein hasta el 20 de octubre, cuando lo “renunciaron”.

Todo explotó porque se iba a realizar en el Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires una jornada con empresas tecnológicas argentinas de varias provincias para la presentación de proyectos y crear una catálogo de talento local, apuntando a proveer servicios a un futuro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) que el Centro Nacional de Seguridad está planeando para reforzar la ciberseguridad de los sistemas informáticos y bases de datos del Estado argentino.

Pero la defensa de los intereses nacionales nunca está en la agenda del gobierno argentino: con todos los técnicos ya arribados a Buenos Aires y los stands listos para las presentaciones de las veinte empresas que aspiraban a participar del desarrollo del Centro de Operaciones de Seguridad, un día antes de la inauguración, llegó al mazazo: Adriana Baravalle --Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuestionada como falsa “doctora en IA” por comprar un título— ordenó cancelar todo (el CNC está bajo su órbita).

El trasfondo: Javier Milei está recibiendo órdenes de Donald Trump para cortar todo nexo posible entre el Estado argentino y las empresas privadas nacionales, y las tecnologías de capital chino, aun si estas son superioras o iguales en calidad y más económicas para nuestro país.

La relación de Waissbein con su superiora, ya venía mal por una cuestión de internas: Adriana Baravalle responde a Karina Milei y Waissbein a Santiago Caputo.

En los hechos, la motosierra está dejando al Estado argentino con escaso presupuesto para proteger sus datos y sistemas de gestión informática en todas las áreas, en tiempos en que hackers tanto privados como de servicios de inteligencia, están hackeando sistemas en el mundo. En Argentina han recibido hackeos instituciones como PAMI, RENAPER y la Comisión Nacional de Valores. El informe anual del CERT.ar en Argentina registró 520 incidentes en 2025 y este año ya van 1200 ataques a sistemas del Estado.