After dismantling it, the government signed the dissolution of the social work for the armed forces

El desguace del Estado sumó ayer un nuevo capítulo con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que prestaba servicios médicos a familias de militares, gendarmes y prefectos. El decreto 1286/26 limita el traspaso de personal al nuevo organismo castrense creado en febrero, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), invocando el objetivo de “evitar un desequilibrio financiero y presupuestario”. “Destruyen la obra social para darle las prestaciones a dos gerenciadoras amigas. Ese es el curro”, tradujo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien calculó que se eliminarán 1.450 puestos de trabajo y anunció una movilización para este jueves al Ministerio de Defensa.

La IOSFA se creó en mayo de 2013, gobierno de CFK, y se estima que llegó a tener 396.000 afiliados. Según la auditoría interna 9/2025, de junio del año pasado, durante el año y medio de gestión de Luis Petri en Defensa, la deuda de la obra social —en manos de un grupo de allegados al radical mendocino— creció exponencialmente, de 44.000 a 210.000 millones de pesos. Eso derivó en la baja de 200 prestadores en todo el país.

En febrero último, por decreto 88/26, Milei creó la OSFA bajo la órbita de Defensa y su par para las fuerzas federales de seguridad (OSFFESEG), en la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva, quien salió en busca de un prestador privado y anunció que los uniformados a su cargo recibían los servicios de Medicus. En los meses siguientes, el Ejecutivo avanzó sobre el área de turismo social, donde trabajan 576 de los 3.450 empleados de la obra social, que prestan servicios en trece hoteles y tres centros recreativos. Ya con Carlos Presti como ministro, los hoteles volvieron a quedar en poder de cada una de las fuerzas, aunque sin personal.

A principios de octubre, el gobierno anunció que destinaría fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social por 210.000 millones de pesos, a partir de acuerdos con unos 2.000 proveedores y prestadores que, por falta de pago, mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados. Se estima que hay unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.

El decreto 1286/26, publicado ayer en el Boletín Oficial, dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”. Señala que el directorio de la OSFA “determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”. Añade que “en función de ello, identificará al personal del IOSFA que resulte necesario para el adecuado cumplimiento del objeto de la OSFA con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”. El administrador deberá evaluar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.

El personal de Gendarmería o Prefectura “que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el IOSFA deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, establece el decreto, que también anuncia los pasos siguientes. “Concluida la liquidación, los compromisos y obligaciones pendientes derivados de la situación del personal que no hubiera sido transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. El personal de planta permanente con estabilidad que a esa fecha se encuentre en situación de disponibilidad continuará en ella en el ámbito de dicho Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme a la normativa aplicable”.