A pile of fallacies to justify the cuts to public education

A un día de que se cumpla un año de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Financiamiento Universitario y cinco días después de ordenar reprimir por primera vez la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno defendió el presupuesto para las casas de estudio. En una exposición cargada de prejuicios contra la educación pública y gratuita, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionó el gasto, las tasas de graduación y la creación de universidades durante gobiernos kirchneristas.

Aun cuando las partidas presupuestadas para 2027 están por debajo de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional, Torrendell aseguró que “el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad”. Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, acusó a la oposición de “llamar a la insurrección popular contra la república”. Mientras los funcionarios exponían, la Justicia hizo lugar a una queja del Gobierno y habilitó una apelación contra la continuidad de la ejecución de la cautelar que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Por qué no cumplen con una ley ratificada por el Congreso? Fue la pregunta que más escucharon los funcionarios de Educación durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se extendió durante siete horas y media en el Anexo de la Cámara de Diputados. El encargado de responder el planteo fue el subsecretario Álvarez, quien dijo, sin inmutarse, que “el Ejecutivo está a derecho” e informó que la Justicia aceptó una nueva apelación.

“Eso fue recurrido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y actualmente tanto eso como la cautelar están hoy en la Cámara. Salió la aceptación en queja de la apelación en Cámara de la cautelar, con lo cual el Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”. En efecto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo otro gesto en favor del Ministerio de Capital Humano al habilitar el recurso contra la continuidad de la ejecución de la medida cautelar.

Es el segundo guiño en una semana. El jueves, mientras las fuerzas de seguridad reprimían a los estudiantes, la Justicia suspendió la aplicación de multas al Gobierno tras la judicialización por el incumplimiento.

A su turno, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se encargó de cargar contra el sistema universitario. “El diagnóstico es claro: el gasto en educación no solo fue un mal gasto, sino que no estuvo dirigido a mejorar los aprendizajes. Un gasto disperso que nunca tuvo como objetivo mejorar la realidad de la educación. Se gastó mucho pero no para que los chicos aprendieran”. Así justificó el presupuesto de ajuste que contempla partidas universitarias por alrededor de $7,7 billones, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama más de $11 billones.