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Ese organismo tendrá un papel central en el impacto que la adhesión pueda tener sobre el mercado farmacéutico. Las empresas que busquen proteger sus desarrollos en Argentina deberán continuar atravesando el procedimiento de evaluación local. A su vez, los medicamentos deberán contar con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para poder comercializarse.
La preocupación está vinculada con el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares, que permiten ampliar la oferta y competir con los productos originales. Desde la industria farmacéutica nacional sostienen que una mayor protección de las patentes podría demorar el ingreso de alternativas al mercado y reducir la competencia, con consecuencias sobre los precios que pagan los consumidores.
La controversia llevó a que Diputados incorporara una reserva sobre el capítulo II del tratado, una modificación que finalmente fue ratificada por el Senado. Ese apartado contempla un examen preliminar internacional más específico sobre las condiciones de patentabilidad de una invención. Al excluirlo, Argentina evita incorporar esa instancia adicional de evaluación, que era uno de los principales cuestionamientos de los laboratorios locales.
La reserva también preserva un margen de decisión para el INPI. Los informes técnicos internacionales pueden servir como antecedentes para evaluar una solicitud, pero no reemplazan la decisión de las autoridades argentinas sobre la concesión de una patente. De esta manera, el organismo continuará teniendo la última palabra sobre qué desarrollos reciben protección en el país.
Desde el sector que respalda la adhesión, en cambio, sostienen que el nuevo mecanismo permitirá reducir costos y tiempos administrativos, facilitará la internacionalización de las innovaciones y mejorará las condiciones para atraer inversiones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó que el tratado puede beneficiar a investigadores, universidades y empresas que busquen proteger sus desarrollos en otros mercados.
En la industria farmacéutica, uno de los argumentos a favor de una mayor protección de la propiedad intelectual es el costo que implica desarrollar nuevos medicamentos. Según estimaciones difundidas por AmCham, el desarrollo de una droga innovadora puede demandar entre 10 y 15 años y una inversión cercana a los 2.600 millones de dólares. Desde esa perspectiva, las patentes permiten recuperar parte de esos desembolsos y sostener la investigación.
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