The other "country risk"

Manzano, Román, Vila, Neuss, Cherñajovsky, Filiberti, Mindlin. Si alguien hubiera leído la lista de ganadores de las privatizaciones y licitaciones de la era libertaria sin saber de qué gobierno se trataba, difícilmente habría adivinado que era el de la apertura al mundo. El gobierno de Javier Milei puso al país en la vidriera de Wall Street desde un comienzo, con la motosierra, el rápido proceso inicial de desinflación, la desregulación de “el Coloso” y la apertura comercial. Pero los inversores, que llegaron a mirar atraídos por el fenómeno libertario, luego, a la hora de comprar, optaron en su mayoría por quedarse fuera de los negocios que tenían algún tipo de vínculo estatal.

El último ejemplo se dio esta semana. A días de la apertura de sobres —se da por hecha una prórroga de los plazos—, Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente, avisó que, pese a que venía trabajando desde 2023 en el proceso, finalmente no iba a competir por la licitación del Belgrano Cargas. Era el oferente extranjero más firme, además de uno de los grupos que contaba con el visto bueno de los Estados Unidos (de hecho, figura en el listado de proveedores del Corredor Andes-Atlántico que impulsa el gobierno de Trump). Su dueño, Germán Larrea, es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim.

La noticia resume una pregunta que el Gobierno no termina de responder: ¿por qué el capital que aplaude a la Argentina desde afuera no termina de entrar? Ni siquiera la Hidrovía escapó a la regla: la belga Jan de Nul se quedó con la concesión, pero de la mano de un socio local, Servimagnus, con el 40%. Y gigantes como Boskalis o Van Oord, que habían sondeado los pliegos, no llegaron a presentarse. Las gigantes norteamericanas de la industria ni siquiera figuraron. En la reciente privatización de AySA, por su parte, tanto Sabesp (Aguas de San Pablo) como la francesa Veolia tampoco terminaron presentando ofertas.

Según una estadística que lleva PwC sobre todos los procesos de fusiones y adquisiciones del primer semestre de 2026, el 41% terminó en manos de extranjeros; eso incluye tanto procesos de privatización como adquisiciones de compañías privadas. En 2023, esa cifra había sido del 57%; en 2022, del 58 por ciento. “La mayoría de las privatizaciones que se realizaron durante la gestión del presidente Milei fueron ganadas por grupos nacionales. Sin embargo, hay grupos internacionales invirtiendo en el país en compañías privadas de distintos sectores”, dice Ignacio Aquino, socio de PwC. “Nosotros acabamos de asesorar a los accionistas de Axoft (Tango Software) en la venta de su empresa a un grupo canadiense, Vela Latam, y estamos trabajando en otros mandatos para distintas industrias: software, medicina nuclear, servicios, agro, industria”, continúa.

Hay varios argumentos que se recogen entre quienes participaron de algunas de las licitaciones o privatizaciones ya adjudicadas. Existen leyendas sobre cenas incómodas en alguna casa en Barrio Parque, compulsas orquestadas o llamados inconvenientes. Pero lo cierto es que, tanto en público como en privado, algunos jugadores plantean el riesgo político como uno de los principales argumentos. Los inversores extranjeros que presenciaron lo que sucedió durante el kirchnerismo temen que, ante un eventual cambio de signo político, se decida dar marcha atrás con las privatizaciones o vulnerar las reglas de juego establecidas. Para los grupos que apostaron a proyectos mineros o petroleros, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una garantía en ese sentido. Aunque la pregunta de rigor en los foros empresarios es si el RIGI se respetará gane quien gane en 2027.

El costo de las estatizaciones o de los contratos de concesión incumplidos se arrastra hasta hoy. En el proyecto de Presupuesto 2027, Economía se ocupó de incluir un artículo que ilusiona a quienes tienen laudos en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Allí pide autorización para que el Tesoro emita eventualmente el año próximo hasta US$1030 millones que “tendrán como destino exclusivo la cancelación de obligaciones derivadas de decisiones y/o laudos firmes dictados en arbitrajes internacionales contra el Estado Nacional”. Tarde o temprano, las deudas se pagan.