Milei's renewed offensive on the Malvinas deepened the bilateral crisis with Great Britain

Los tambores de guerra no suenan, ni por casualidad, como en aquellos convulsionados días de fines de marzo de 1982, cuando el gobierno de facto preparaba la incursión militar que llevaría adelante el 2 de abril de ese año.

Pero el vínculo bilateral entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña atraviesa hoy uno de sus períodos más complicados desde aquella guerra, con la soberanía de las Islas Malvinas como inevitable marco de referencia y la polémica por la explotación de recursos naturales por parte de un consorcio británico-israelí como origen y fuente del actual conflicto.

Luego de la inédita denuncia del gobierno de Javier Milei ante el Tribunal del Mar de Hamburgo contra el proyecto Sea Lion, y la durísima respuesta británica, que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas y la definición de la Argentina como “socio no confiable”, el pronóstico del vínculo, coinciden expertos de distintas líneas políticas, es reservado. La relación tendrá en las próximas semanas varios desafíos importantes, como el inicio formal del comercio marítimo entre Malvinas y la localidad chilena de Punta Arenas.

Aunque desde ambas partes relativizan la posibilidad de una escalada, el fantasma del vínculo con Brasil, una serie de agresiones entre los presidentes que terminaron con el retiro de los embajadores de ambos países, asoma en el horizonte de una relación bilateral que desde 2023, ya con Milei en la Casa Rosada, había comenzado a mejorar de manera acelerada. Hasta que el reclamo de soberanía, expresado por el seleccionado de fútbol luego del partido contra Inglaterra en el Mundial, reavivó el sentimiento nacional y obligó al Gobierno a virar en sus posturas públicas, sin paños fríos que permitan encapsular el conflicto.

“Están tratando de presentarnos como los malos de la película, es su estrategia”, afirmaron desde la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, luego de que trascendieran versiones periodísticas según las cuales el gobierno británico pidió a Interpol que no tome en cuenta eventuales pedidos del Gobierno para penalizar a compañías y empresarios vinculados al proyecto Sea Lion. Una presentación que el Gobierno niega haber hecho, más allá de que el proyecto de defensa de la soberanía nacional, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, incluye duras sanciones para las empresas británicas, y abarca también a todas aquellas que “colaboren” con la logística para que la explotación de los recursos pueda llevarse a cabo.

Para el gobierno del laborista Andy Burnham es exactamente al revés. “Quiero ser absolutamente clara: este Gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras Argentina ejerce coacción económica contra los habitantes de las islas Malvinas. Haremos todo lo necesario para apoyarlos”, dijo el martes ante el parlamento británico Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar. En ese debate, la funcionaria fue más allá. “Lo que resulta especialmente decepcionante es el descarado intento del presidente Milei de utilizar a los habitantes de las islas Malvinas como una especie de instrumento político de cara a las elecciones que se celebrarán en Argentina el próximo año”, sostuvo Kumaran. Y agregó: “No permitiremos que los habitantes de las islas Malvinas sean utilizados como una herramienta de la política interna argentina”.