Denunciations against Milei for his responsibility in Bolsonaro's escape

El Gobierno argentino fue, sin dudas, el gran facilitador de la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, de la que algunos funcionarios se jactan. Más allá de la cuestión política, tres denuncias de las últimas horas advierten que quienes participaron de todo el operativo deben ser responsabilizados penalmente por esta colaboración. Las presentaciones apuntan, por empezar, al presidente Javier Milei, pero piden que la investigación abarque al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (de quien depende Migraciones) y a Santiago Caputo, entre otros.

Las hipótesis van desde el posible encubrimiento del senador y excandidato con causas por lavado y otros fraudes en Brasil, el uso de recursos públicos para ayudar a un prófugo de la justicia brasileña, haber facilitado el tránsito irregular de un país a otro —o en otros términos, se refieren al tráfico de personas—, haber ayudado a la permanencia ilegal en territorio argentino, además de la omisión de controles.

Dos denuncias tramitan en Comodoro Py: la del dirigente del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y la del diputado socialista Esteban Paulón. La primera quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió a la fiscal Paloma Ochoa que evalúe si impulsará una investigación. La segunda fue radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, aunque todo indica que se acumularía con la de Solano. Por su lado, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) hizo otra presentación, pero en los tribunales federales de Misiones, ya que evaluó que era el lugar indicado debido a que allí ocurrieron los hechos principales que cuestiona: intervienen el fiscal Aníbal Martínez y el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardoso.

Más allá de la posible existencia de responsabilidades penales, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez apuntó un aspecto inquietante en su cuenta de “X”: recordó que el DNU 366/25 modificó trámites migratorios establecidos por la ley 25.871 y estableció como causal de impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros “la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales o requerimientos judiciales”. Él tiene cinco causas penales y una de ellas en particular, por lavado a través del negocio de las apuestas, es la que motivó su fuga.

El escrito de Solano pone énfasis en el cambio repentino en la versión del gobierno de Milei: de negar, ante las primeras informaciones, que Bolsonaro hubiera ingresado a la Argentina, pasó a reconocer en un tuit publicado por la Dirección de Migraciones a las 2 de la madrugada de este miércoles que a las 22.50 del 27 de octubre el excandidato había ingresado por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en Misiones junto a su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza. Él utilizó un pasaporte italiano y ellas, brasileño. La dependencia que controla las entradas al país en la frontera dijo que era documentación “hábil” y que no había “ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Agregó que “los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación”.

Bolsonaro, para ese día, tenía suspendido el pasaporte que debió haber entregado a la justicia (pero no lo hizo y huyó), pero no había un pedido de captura de Interpol. Como explicó la exdirectora de Migraciones Florencia Carignano, no parecía haber restricciones formales, pero Milei y su gobierno tomaron la decisión política de dejarlo entrar pese a las causas judiciales en su contra y ayudarlo a irse a Estados Unidos. Citó antecedentes de su gestión donde ocurrió lo contrario. La denuncia de Solano plantea que se utilizaron recursos públicos para esa colaboración. Algunos estuvieron a la vista: agentes y vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que lo escoltaron a Bolsonaro una vez que cruzó la frontera e ingresó, además de que llegó al aeropuerto en una combi con patente diplomática argentina.