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Appeal filed against the dismissal of charges against the Milei brothers
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AI summary
Investors linked to the cryptocurrency $LIBRA have appealed the dismissal of charges against brothers Javier and Karina Milei, along with nine other defendants. The appeal was made by plaintiffs seeking to restore their status as victims, arguing that the prosecutor's decision was arbitrary and featured legal contradictions.
Among the evidence presented to justify the appeal are communications between an indicted trader and President Milei during critical moments of the case.
Generated by AI from the original story in Spanish.
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Inversores vinculados a la operatoria del criptoactivo $LIBRA presentaron una apelación al fallo que sobreseía a los hermanos Javier y Karina Milei y también a otros nueve imputados. La medida fue impulsada por los querellantes que habían sido separados del expediente, que actualmente aguardan un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal para restablecer de manera formal su estatus procesal de damnificados.
El fallo apelado, que surgió a instancias de una solicitud planteada por el fiscal investigador Eduardo Taiano, había dictado la clausura definitiva de la causa al dictaminar que la conducta denunciada no se adecuaba a ningún delito tipificado en el Código Penal.
La primera presentación fue elevada por Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado nacional Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. Posteriormente, interpusieron sus propios recursos el especialista en criptomonedas Martín Romeo y dos ciudadanos de nacionalidad bielorrusa que afirman haber registrado pérdidas por dos millones de dólares, ambos con la asistencia legal de Nicolás Oszust. El juzgado interviniente debe evaluar la concesión de los planteos para su ulterior elevación a la Sala I de la Cámara Federal porteña.
En un escrito judicial de 40 páginas, la representación de Marchetto sostuvo que la resolución genera un daño “irreparable” debido a una fundamentación que considera arbitraria. Según la presentación, se incurrió en contradicciones al equiparar la “insuficiencia probatoria” con la “atipicidad” de los hechos, remarcando la diferencia técnico-jurídica entre no haber acreditado plenamente un delito y declarar que los hechos no revisten carácter penal.
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