Por qué no hay minería con RIGI en Córdoba

Córdoba: una adhesión al RIGI sin proyectos mineros

El RIGI, creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, está dirigido a grandes inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería. Para ingresar, los proyectos deben superar un umbral mínimo de inversión de u$s200 millones y pueden acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad por 30 años.

La Ley 9.526, sancionada en 2008, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de determinadas sustancias químicas en cualquier etapa del proceso.

El informe destaca que el atractivo del régimen no se limita a la reducción de impuestos. La estabilidad normativa a largo plazo es un factor determinante para proyectos mineros que demandan grandes desembolsos iniciales y tienen horizontes de desarrollo y operación de varias décadas. En palabras del autor, para un inversor extranjero que compromete miles de millones de dólares en un activo que no puede trasladarse si cambian las reglas, esa previsibilidad puede ser incluso más importante que la carga tributaria.

Como referencia del impacto económico del esquema, el trabajo cita un informe de la consultora CRU difundido en 2025, según el cual el RIGI redujo la tasa impositiva efectiva de un proyecto minero argentino del 47% al 38%. Esa mejora permitiría ubicar a la Argentina en una posición tributaria más competitiva frente a Chile y Perú.

La dimensión de las inversiones en juego también aparece en los datos presentados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), validados por el Ministerio de Economía: hoy el sector minero acumulaba 18 proyectos presentados bajo el RIGI, de los cuales se aprobaron 13, con compromisos de inversión por aproximadamente u$s20.300 millones. Las iniciativas son de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza. La comparación expone la distancia con Córdoba: ninguno de los proyectos aprobados ni de los que permanecían en evaluación estaba radicado en esa provincia.