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La posibilidad de que el Gobierno limite el uso de tecnología de origen chino abrió una inesperada grieta inesperada con la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones del país.
El conflicto surgió luego de que este viernes 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una disposición que exige una certificación estadounidense a los fabricantes que quieran equipar las redes más sensibles del Estado.
Pero la medida también abre la puerta a extender ese requisito al mercado privado, donde podría dejar fuera a proveedores como Huawei y ZTE en las categorías de equipos que resulten alcanzadas.
El punto que precipitó el reclamo fue el artículo 9 de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad en donde se le pide al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo que regula el sector, que evalúe incorporar los requisitos a la homologación, es decir, a la aprobación técnica de los equipos, y a las obligaciones de las operadoras.
Tras la publicación, la polémica fue escalando durante todo el día hasta que las empresas del sector salieron a reclamar a las autoridades nacionales que se revise la medida y se abra una consulta pública antes de aplicarla a sus redes.
El paraguas elegido para encausar el pedido fue la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) que, en un comunicado difundido a última hora de este viernes, reclamó que se acepten otros estándares internacionales; que las operadoras participen en la discusión y que se fijen condiciones razonables de implementación.
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