La IA llega a los tribunales argentinos sin reglas claras de auditoría

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana en los tribunales argentinos. Sin embargo, detrás del entusiasmo por la automatización de procesos se esconde un escenario complejo caracterizado por marcadas asimetrías provinciales, vacíos reglamentarios y el riesgo latente de delegar decisiones judiciales en algoritmos no auditados.

Para abordar este diagnóstico y trazar hojas de ruta institucionales, el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés celebró en Buenos Aires una actividad presencial "Redes de justicIA: del diagnóstico a la adopción responsable". El encuentro reunió bajo las reglas Chatham House a referentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, poderes judiciales provinciales, el Banco Mundial, la academia y la industria tecnológica.

En este marco se presentaron las conclusiones del Reporte 2025/2026 sobre la adopción responsable de IA en el ámbito judicial. Para profundizar en los hallazgos de esta investigación y conocer los desafíos concretos del ecosistema local, iProfesional entrevistó a Carolina Aguerre, directora del proyecto y codirectora del CETyS, y a María Pilar Llorens, investigadora asociada responsable del reporte argentino del proyecto.

-¿Qué obstáculos concretos encuentran los juzgados argentinos para pasar del marco regulatorio a la implementación efectiva de herramientas de IA?

-María Pilar Llorens: Esta es una excelente pregunta y es una de las que más nos preocupa en la actualidad porque ya existen ejemplos que muestran cómo un mismo reglamento puede ser interpretado de manera distinta por dos instancias judiciales diferentes. Creo que el mayor obstáculo es que las reglas no son lo suficientemente claras y concretas, ya que los marcos establecen estándares o principios en términos amplios pero no dan pautas acerca de cómo deben implementarse en la práctica.

Por ejemplo, la transparencia está presente en la mayoría de las regulaciones existentes. Pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo logramos que la transparencia sea efectiva: basta con una mera declaración de que se usó un sistema de inteligencia artificial o es preciso publicar todas las interacciones con el sistema? Estas preguntas, hoy no tienen respuesta y es algo que el ecosistema judicial debe pensar.