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El 29 de octubre de 2025, mientras tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuchaban los argumentos del juicio por la estatización de YPF, la estrategia argentina de defensa estaba prestando especial atención a lo que ocurría en algunas de las redacciones periodísticas más importantes del planeta.
Sucede que ese día, FGS Global, la consultora contratada por la Argentina, declaró 19 registros de contacto con medios internacionales. En la lista estaban Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times y The Economist, que recibieron correos electrónicos de la firma contratada para asesorar al Ministerio de Economía en comunicación estratégica alrededor del litigio por YPF. El contrato estableció un pago inicial de US$60.000.
FGS también envió un mensaje de texto al Financial Times y mantuvo un encuentro presencial y una comunicación por mensaje de texto con Bloomberg.
El motivo informado fue siempre el mismo: “Petersen contra la Argentina”. La escena condensa una disputa que desbordó los tribunales. Mientras el país instalaba su defensa en los medios, los beneficiarios de la condena por US$16.100 millones, que luego fue revocada, llevaron sus argumentos hasta la Casa Blanca y el Congreso.
El rastro de esa segunda ofensiva aparece el 4 de marzo de 2026. Ese día, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, uno de los estudios que representa a Petersen Energía —cuyo litigio fue financiado por Burford— y Eton Park, y abrió dos expedientes: uno por cada demandante.
La primera descripción fue directa. La consultora trabajaría en “cuestiones relacionadas con el litigio de la Argentina por la expropiación de una petrolera estatal”. Después, cuando llegó el momento de informar la actividad, el lenguaje se volvió más aséptico: “Litigio que involucra a un soberano extranjero”.
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.



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