Internaciones contra la voluntad del paciente

El Estado llega tarde, las familias se desesperan y las personas que atraviesan una crisis de salud mental no encuentran dónde pedir ayuda. Frente a ese escenario, el Gobierno impulsa una reforma que amplía las condiciones para internar a una persona en contra de su voluntad. Ese desplazamiento constituye un retroceso: la facultad de restringir la libertad gana terreno mientras la capacidad de garantizar cuidados sigue bajo discusión.

El Senado aprobó el proyecto con 42 votos afirmativos y 21 negativos y lo giró a Diputados. Todavía no es ley. La iniciativa modifica los criterios de internación involuntaria, reorganiza la participación de los profesionales e incorpora disposiciones sobre las adicciones, los familiares y la atención de niños y adolescentes. Su orientación más controvertida pasa por flexibilizar una intervención excepcional sobre la autonomía de las personas.

Ariel Ghirelli es psicólogo y lleva décadas acompañando a personas con problemas de salud mental graves y cree que esta reforma es mentirosa e incongruente. “Se debilitan las condiciones de atención. Considero perversa esa contradicción: invocar el cuidado de las personas mientras se les quitan los apoyos que necesitan. El oficialismo no puede reivindicar la salud mental mientras descalifica a las personas y debilita la salud pública. La responsabilidad de gobernar exige cuidar, financiar y garantizar atención. Un título legislativo no reemplaza ninguna de esas obligaciones”.

Durante el debate, la senadora Ivanna Arrascaeta defendió esa modificación como una herramienta para llegar a tiempo. Pero anticiparse exige también servicios accesibles, seguimiento y equipos disponibles. Ampliar una categoría legal no garantiza ninguna de esas respuestas. La gravedad de un padecimiento merece atención. Para justificar una internación involuntaria hacen falta criterios precisos y controles efectivos.

Al modificar el umbral de intervención, la reforma abre interrogantes sobre el margen de interpretación de quienes deciden. Cuanto mayor es la facultad de restringir derechos, mayor debe ser la exigencia de fundamentar cada decisión y revisar sus consecuencias.

La desesperación de las familias es real. Hay personas que buscan asistencia durante meses, recorren guardias y terminan sosteniendo solas situaciones que requieren intervención profesional. Ese sufrimiento exige políticas públicas. Utilizarlo para presentar la flexibilización de las internaciones como respuesta principal, desplaza la responsabilidad estatal hacia una discusión sobre cuánto poder necesitan los profesionales para actuar.