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El artículo critica la gestión del gobierno y menciona la pérdida de empleos y el deterioro del consumo, conectando estos problemas con el aumento del riesgo país. Se refieren específicamente a las consecuencias negativas de las políticas económicas implementadas por Milei.
El riesgo país se disparó 15 por ciento este viernes y alcanzó los 1.071 puntos básicos, su nivel más alto en más de un año. En apenas 2 jornadas acumuló un incremento del 25,6 por ciento, una señal contundente de la desconfianza que sigue despertando el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. La contradicción es que el Gobierno lleva casi 3 años aplicando un ajuste que deterioró los salarios, debilitó el consumo, provocó el cierre de miles de empresas y destruyó cientos de miles de puestos de trabajo, bajo la promesa de recuperar la confianza de los inversores. Sin embargo, después de todos esos sacrificios, los operadores financieros volvieron a darle la espalda. El oficialismo subordinó buena parte de la economía real a conseguir la aprobación financiera, pero ni siquiera logró garantizar ese objetivo.
La situación recupera una vieja definición del propio Presidente. El 16 de diciembre de 2018, cuando Mauricio Macri gobernaba y el riesgo país también registraba fuertes aumentos, Milei cuestionó las explicaciones oficiales que responsabilizaban al kirchnerismo por la desconfianza financiera. “Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK”, escribió entonces. Y agregó: “Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente”. Su conclusión fue todavía más contundente: “Si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”.
Ocho años después, el gobierno libertario recurre a explicaciones similares a las que Milei rechazaba cuando estaba en la oposición. La expresión “riesgo kuka” se convirtió en uno de los argumentos utilizados por el oficialismo para responsabilizar a las expectativas electorales sobre el peronismo por las dificultades financieras. Sin embargo, el aumento del riesgo país también refleja las dudas sobre la capacidad de pago del Estado y la sostenibilidad del programa económico. La contradicción es todavía mayor porque la administración libertaria recibió asistencia financiera extraordinaria de Estados Unidos, pero ese respaldo tampoco consiguió restablecer la confianza.
El deterioro financiero adquiere otra dimensión cuando se observa el costo económico y social de las políticas implementadas para alcanzar esa supuesta estabilidad. Desde diciembre de 2023, el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en el principal ordenador de su programa económico. Para conseguirlo redujo el gasto público, recortó transferencias a las provincias, ajustó jubilaciones y salarios estatales y disminuyó la inversión pública. La apuesta era que la disciplina fiscal permitiría reducir el riesgo país, atraer capitales y recuperar el crecimiento. Sin embargo, mientras los costos del ajuste se trasladaron a los trabajadores y las empresas, los beneficios financieros prometidos siguen sin consolidarse.
Los datos del empleo permiten dimensionar esas consecuencias. Según los relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados y desaparecieron 32.290 unidades productivas. La magnitud de esas cifras refleja el deterioro del entramado económico durante la gestión libertaria. La reducción de la actividad y las dificultades para sostener los costos operativos golpearon especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que la apertura comercial agregó presión sobre distintos sectores industriales.
La pérdida de poder adquisitivo constituye otro componente central del modelo. El salario real medido por RIPTE registró una caída interanual del 3 por ciento, mientras que el consumo continúa condicionado por la debilidad de los ingresos. El crédito al consumo acumuló una contracción del 9,4 por ciento durante 2026, con retrocesos del 6,9 por ciento en préstamos personales y del 11,6 por ciento en financiación mediante tarjetas. A esto se suma el deterioro de la capacidad de pago de las familias, con más de 6 millones de personas en situación de mora.

Extracto. El contenido pertenece a Página/12.