Pressão para que a lei não sancione empresas americanas

En el marco de diálogos más que ríspidos, primero el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego el subsecretario de Estado, Christopher Landau, le reprocharon a Javier Milei y a su canciller que no le hayan puesto un límite a las empresas chinas que están en la Argentina, que tampoco se haya aprobado la ley de patentes y, además, le exigieron que modifique la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, incluyendo una “exit clause”, cláusula de salida, para las empresas norteamericanas.

Sobre el proyecto Soberanía, Landau le dejó al presidente un mensaje que dice, palabras más, palabras menos, que “no debe haber sanciones para las empresas norteamericanas —fondos de inversión, bancos, aseguradoras, mineras, petroleras— que hayan hecho operaciones con compañías que ya trabajan en las islas, mientras que las que arranquen ahora, se evaluarán una por una. “Ustedes tienen un conflicto con el Reino Unido, nos sancionan a nosotros, Londres se va a reír y arregla con otras empresas.

Los perjudicados somos nosotros”, bramó Landau. Al canciller Pablo Quirno lo marginaron dos veces. Hubo una llamada de Marco Rubio a Milei, pasando por encima de Quirno: “Ustedes no nos cumplen”, le dijo el secretario de Estado al presidente. Luego recibió a Landau, algo impropio en el mundo diplomático: un mandatario no recibe al vicecanciller de otro país. Página/12 accedió a los diálogos y los choques que se dieron a lo largo de 8 días de furia.

Todo arrancó el viernes 16 de octubre con una llamada de Marco Rubio, el canciller (secretario de Estado) de Estados Unidos, directamente a Milei. Eso solo ya provocó escozor en Quirno: “La relación debe ser de canciller a canciller”.

En el diálogo con el presidente, Rubio le dijo a Milei que quería señalarle la preocupación por la Ley de Defensa de la Soberanía. “Nosotros tenemos quejas acá —le dijo Rubio— porque los ingleses no tienen problemas con la ley. Arreglan con otras empresas, no norteamericanas, y los que perdemos somos nosotros”.

Según saben en la Cancillería, Rubio recibió un informe hecho por el CEO de la Amcham, es decir, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. El texto que habría formulado Alejandro Díaz es fuertemente crítico de la ley y se lo mandó también a Martín Menem y Patricia Bullrich. El objetivo estuvo claro: voltear la norma.