Governo adiciona nova barreira à tecnologia chinesa na Argentina
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O governo argentino endureceu os requisitos para tecnologia chinesa em telecomunicações por meio de uma resolução, estabelecendo um novo padrão de cibersegurança que pode impactar empresas como Huawei. Essa medida, impulsionada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, aplica-se inicialmente ao setor público e ARSAT, mas pode se estender ao setor privado se o ENACOM a adotar.
A decisão sobre incluir esses requisitos no processo de homologação cabe ao ENACOM, o que pode influenciar a comercialização de equipamentos de telecomunicações no país.
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A través de una Resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno endureció los requisitos para la tecnología china en el sector de telecomunicaciones. El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estableció un requisito de ciberseguridad para los equipos de telecomunicaciones que utiliza el sector público y pidió al ENACOM que evalúe extenderlo al sector privado.
Si el regulador avanza en esa dirección, los fabricantes deberán cumplir con un estándar que, entre otras condiciones, impide certificar a empresas incluidas en determinadas listas de restricciones de Estados Unidos, como Huawei.
Se trata de la incorporación del estándar SCS 9001, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA), como parte de los requisitos para los equipos destinados a determinadas infraestructuras críticas del Estado.
Por ahora, la exigencia alcanza al sector público y ARSAT. Pero si ENACOM la incorpora al régimen de homologación, podría convertirse en una condición para que los equipos de telecomunicaciones puedan comercializarse y utilizarse en la Argentina.
La Argentina no sería el primer país de la región en utilizar el SCS 9001 como requisito para equipamiento de telecomunicaciones. Paraguay y Costa Rica también lo incorporaron en sus regulaciones vinculadas al despliegue de redes 5G, aunque el esquema generó cuestionamientos y controversias en ambos casos.
El SCS 9001 fue desarrollado por la TIA, una asociación privada estadounidense, y su política de certificación establece que determinadas empresas incluidas en listas de restricciones del Gobierno de Estados Unidos no pueden obtener el certificado.
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