Como a mega planta de dessalinização no Chile pode ajudar a mineração na Argentina

Chile desarrolló una infraestructura destinada a transportar agua del océano Pacífico hasta una de sus grandes explotaciones de cobre, en pleno desierto de Atacama. El proyecto C20+, de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, contempla un ducto de aproximadamente 195 kilómetros que llegará a instalaciones situadas a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. La iniciativa pretende sustituir parte del agua continental que utiliza la minería por agua desalinizada.

Sin embargo, aunque una etapa fundamental de la obra ya fue terminada, una nefasta resolución judicial sobre sus efectos ambientales condiciona la puesta en marcha completa del sistema. Este tipo de proyectos pueden ser fundamentales no solo para el desarrollo de la minera en Chile sino también para llevar agua a los desarrollos mineros que están en Argentina. Cómo funcionará la gigantesca tubería que atraviesa Atacama El recorrido comenzará en Puerto Patache, en la Región de Tarapacá, donde se construyó una planta desalinizadora diseñada para producir 1.

050 litros de agua por segundo. Allí se utilizará ósmosis inversa, tecnología que separa las sales del agua marina mediante membranas y presión. El líquido tratado viajará por una tubería de gran diámetro hasta el sector de Ujina, donde se ubican instalaciones de Collahuasi. Su principal desafío consiste en vencer el desnivel entre el litoral del Pacífico y las alturas andinas. Para lograrlo, el sistema incorpora cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia con capacidad para almacenar aproximadamente 49.

500 metros cúbicos de agua. También prevé una turbina Pelton, capaz de aprovechar una diferencia de altura en el trazado para recuperar parte de la energía utilizada. El objetivo es contar con un suministro industrial más estable en una zona donde la disponibilidad de agua dulce constituye una limitación para la actividad productiva. El fallo que frenó la desalinizadora El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile informó que había acogido una reclamación de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y dejado sin efecto la autorización ambiental favorable, ordenando revisar el procedimiento de evaluación.

Los insólitos reclamos se centraron en los efectos sobre comunidades costeras y sobre el ambiente marino. Entre las cuestiones examinadas figuraron la captación de agua de mar y la descarga de salmuera, el líquido concentrado en sales que queda después de la desalación. Según el tribunal, las observaciones de los reclamantes no habían recibido una respuesta técnica y jurídica suficientemente fundamentada. Por eso ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental volver a examinar esos aspectos.

La compañía detuvo las obras y pruebas de la planta desalinizadora, entonces próxima a terminarse. Posteriormente, una aclaración judicial precisó que otras partes del proyecto, como los ductos y las instalaciones cordilleranas no objetadas, podían continuar bajo responsabilidad de la minera.