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A Corte Suprema decide sobre a ação de Buenos Aires pelos subsídios ao transporte
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A Corte Suprema da Nação aceitou a ação da província de Buenos Aires contra o Estado Nacional em relação à eliminação do Fundo de Compensação ao Transporte Público. A província argumenta que essa eliminação é inconstitucional e busca a restauração dos fundos correspondentes, citando aumentos nas tarifas de transporte.
Além disso, ações semelhantes de La Rioja e La Pampa também foram aceitas pela Corte, que ordenou à administração nacional que responda em um prazo de 60 dias.
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La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.
Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.
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