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El artículo enfatiza el rearme y las decisiones del gobierno de Milei, utilizando términos que reflejan una perspectiva favorable hacia las acciones de la administración. Palabras como 'apuesta', 'modernización' y 'reforzar' sugieren un enfoque pro-militar y alineado con agendas más conservadoras.
La apuesta por el rearme que viene llevando adelante el oficialismo que lidera Javier Milei, y que recientemente incorporó otra media docena de cazas F-16 y cerró la compra de helicópteros Black Hawk, acaba de subir otro escalón. Ocurre que el Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada en el decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Milei y Carlos Presti, actual ministro de Defensa.
El recurso en cuestión impide conocer públicamente las características del material que se comprará, el monto de la operación, el proveedor y la fuerza que recibirá los equipos. Sin embargo, se línea con la incorporación de tecnología bélica que viene acumulando la Argentina en meses recientes. Un ejemplo en ese sentido está en el arribo al país de vehículos blindados VCBR 8x8 Stryker para el Ejército.
La medida se conoce en un escenario de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas y mientras la administración libertaria impulsa un programa de reequipamiento militar que contempla la incorporación de, precisamente, aeronaves de combate, vehículos blindados y sistemas destinados a reforzar las capacidades operativas de las tres fuerzas.
En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con medidas vinculadas a la actividad petrolera en el Atlántico Sur. Milei anunció sanciones contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina, promovió denuncias penales y dispuso avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional relacionado con el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion. También ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
Del lado británico, las autoridades respondieron con una protesta diplomática y reafirmaron su posición sobre las islas. La nueva adquisición militar suma un capítulo al proceso de modernización de la defensa nacional, aunque el decreto no establece una vinculación directa entre la compra y la disputa por Malvinas.
La norma se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63, que contempla la clasificación como secreto militar de las adquisiciones, fabricaciones o construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
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