Subsidios energéticos: nuevos topes eléctricos para 15 provincias de zonas cálidas

En el marco del reordenamiento del esquema de bonificaciones a los servicios públicos, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación formalizó la adecuación de los topes de consumo para las tarifas de energía eléctrica y gas natural. La medida responde a las demandas de las provincias con temperaturas extremas y concentrar la asistencia estatal en los sectores socioeconómicos de menores ingresos.

A través de las resoluciones 299 y 300 del corriente año, la autoridad energética fijó los nuevos bloques de consumo con subsidio para las provincias del Norte Grande y reglamentó el funcionamiento del Régimen de Zona Fría para la provisión de gas por red. De este modo, la gestión nacional busca reemplazar los esquemas de bonificación masiva y uniforme por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado por variables climáticas y de ingresos.

Mientras que la redefinición del beneficio eléctrico para el Norte respondió a una decisión directa del Poder Ejecutivo y se canalizó mediante una resolución ministerial sin pasar por el Poder Legislativo, el nuevo régimen de Zona Fría para el gas fue el resultado de un acalorado debate en el Congreso de la Nación.

Allí, tras arduas negociaciones entre la Casa Rosada y los bloques provinciales, se aprobó la Ley 27.828 con el objetivo de recortar el esquema de compensaciones universales previo -aplicado en su momento sobre la totalidad de la factura- y limitar el subsidio del 50% al consumo efectivo de las zonas más rigurosas como la Patagonia, Malargüe y la Puna, estableciendo en paralelo el criterio de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para acceder a bonificaciones adicionales.

Por qué hay mayor cobertura eléctrica para el Norte Grande

La Resolución N° 300/2026 estableció un incremento en los topes de consumo eléctrico con tarifa subsidiada para las áreas geográficas clasificadas dentro de las zonas bioambientales de mayor temperatura. La norma responde a las solicitudes presentadas por las administraciones provinciales y entidades regionales frente al impacto que generan las altas temperaturas en la demanda residencial de refrigeración durante la temporada estival.