¿Se puede cumplir la ley universitaria sin romper el equilibrio fiscal?

¿Es posible cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sin poner en riesgo el equilibrio fiscal que defiende el Gobierno de Javier Milei? Un nuevo informe económico sostiene que sí y señala que el propio proyecto de Presupuesto 2027 contiene recursos que alcanzarían para financiar la recomposición salarial y presupuestaria de las universidades nacionales, sin necesidad de aumentar el gasto total previsto ni crear nuevos impuestos.

El estudio señalado fue elaborado por la consultora Zentrix y difundido este jueves 15 de octubre, mientras cobra cuerpo la marcha federal universitaria en la que estudiantes, docentes y gremios reclaman al Gobierno que cumpla la ley. El análisis calcula que la aplicación integral de la Ley 27.795 tendría un costo adicional de entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027, equivalente a entre el 0,18% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).

El Gobierno de Milei y Santilli, multados con $100.000 diarios por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La cifra contrasta con los $5,93 billones que el informe identifica dentro del Presupuesto 2027 como fondos sin asignación específica, ubicados principalmente en la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.

En diálogo con PERFIL, Claudio Montiel, director de Zentrix, explicó que los casi $6 billones identificados en el Presupuesto 2027 corresponden a partidas cuyo destino no está especificado en las planillas oficiales. “Técnicamente, ellos los dejan de libre disponibilidad, no hacen la aclaración en las planillas,”, señaló en diálogo con PERFIL. El economista consideró que esos recursos podrían funcionar como una reserva del Gobierno ante eventuales desvíos en las metas de recaudación, inflación o resultado fiscal. Sin embargo, planteó que una parte podría reasignarse al financiamiento universitario: “De esos casi 6 billones, tendría que poner 2,4, más o menos, para cubrir aunque sea una parte de la ley”. Y concluyó: “El informe busca, de alguna manera, responder a la pregunta de dónde saldría el dinero”.

La conclusión de Zentrix es que, la diferencia podría cubrirse mediante una reasignación de partidas ya contempladas en el gasto público. En ese escenario, el resultado fiscal proyectado por el Gobierno no se modificaría, aunque el Ejecutivo perdería margen para distribuir esos recursos entre otros destinos.