Detrás del debate universitario: una pulseada política para "blindar" el equilibrio fiscal

Con el contexto de violencia que tiñó a la marcha universitaria, el debate sobre los recursos financieros del Estado tomó un cariz político: cada vez queda más claro que lo que está en juego ya no son cifras del presupuesto, sino posturas que cada parte ve como principios innegociables.

Es así que para el gobierno de Javier Milei, cualquier acuerdo que no incluya la supresión de la ley de financiación universitaria equivale a una derrota, porque sentaría el precedente de que se votó un proyecto que infringió el "blindaje al equilibrio fiscal".

Eso sería, desde el punto de vista oficial, un antecedente peligroso, porque la tónica del año ha sido una persistente caída en la recaudación impositiva, lo cual obligó a un esfuerzo adicional en la aplicación de la "motosierra". Y, salvo que durante el 2027 haya una reactivación fuerte en la actividad comercial e industrial, no se espera que la caja de ARCA se vea beneficiada con un boom en la recaudación del IVA en el contexto de campaña electoral.

Milei se había referido por primera vez a la necesidad de una regulación que impidiera el déficit fiscal a las pocas semanas de haber asumido el cargo: durante una visita de la ex vicedirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dijo que buscaría la forma de que los funcionarios y los congresistas que expandieran el gasto sin financiamiento genuino serían pasibles de acciones penales.

Al año siguiente, el tema fue anunciado en cadena nacional televisada, en la que Milei dijo que era necesario "amurallar el déficit cero". Y envió un proyecto de ley a un Congreso que, en ese momento, era ampliamente dominado por la oposición, que aprobó leyes que expandían el gasto -entre ellas la reforma jubilatoria- y que forzaron la aplicación del veto presidencial. En ese momento, el presidente acusaba al kirchnerismo pretendía generar un costo fiscal adicional de 2,5% del PBI y, de esa manera, desestabilizar al gobierno.

Nuevamente el presidente se refirió al tema de la limitación del gasto al inaugurar el año legislativo en el Congreso, y cinco meses más tarde, al presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece penas de prisión para los funcionarios que avalen una asistencia monetaria para cubrir un déficit del Tesoro.