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La Nación5 min de lectura

Estimación de IA · confianza 90%
Las políticas de asistencia para víctimas de violencia de género tendrán solo el 10% de los fondos disponibles comparado con los que se destinaron en 2023, si se aprueba el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso.
Registrarán así un ajuste del 89% en términos reales, en comparación con 2023, con un recorte que supera ampliamente la reducción del 26% prevista para el gasto total de la Administración Pública Nacional en el mismo período. Los datos surgen de un análisis del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización no gubernamental que busca alcanzar la equidad de género promoviendo los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El recorte alcanza al conjunto de las acciones vinculadas con el programa Acompañar, la Línea 144, la protección de víctimas y el acceso a la Justicia. Aunque se observan leves incrementos en algunas líneas presupuestarias, no compensan la caída de los últimos años. También se reducirían los fondos para espacios de primera infancia y se mantendrían los de algunas partidas de salud sexual, aunque proyectan llegar a menos personas.
“Ajuste, opacidad y desigualdad” fueron las tres tendencias que identificaron desde la organización en su último informe. “Cada vez es más difícil entender cuánta plata se destina y en qué se gasta”, señaló ayer Agustina Rossi, socióloga especializada en Estudios de Género de ELA, durante una exposición sobre el presupuesto en clave de derechos sociales, organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en la Facultad de Derecho de la UBA.
La dificultad para identificar las prestaciones queda expuesta en Afianzamiento de la Justicia, un programa del Ministerio de Justicia que reúne la atención a víctimas de violencia de género, entre otras actividades. Al 15 de septiembre pasado, había utilizado el 55% de sus recursos para 2026, según Presupuesto Abierto.
“No podemos saber exactamente qué incluye cada una de estas actividades. Sí, sabemos que no todas trabajan en el abordaje de las violencias, pero no sabemos bien, por ejemplo, en cuál de estas actividades se incluye el programa Acompañar, que contaba con una línea presupuestaria que fue eliminada. Tampoco sabemos exactamente dónde está la línea 144. Lo podemos inferir, pero ya no hay tanta claridad como antes”, señaló Rossi, quien también coordina las capacitaciones de la Ley Micaela en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
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Datos recopilados de conversaciones públicas y estimados por IA. Fuente: contexto de la nota (sin datos utilizables de X).
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.