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El artículo presenta una perspectiva crítica sobre el cumplimiento del Gobierno con las obligaciones legales, mencionando las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Se destacan las acciones del tribunal favorables al gobierno, pero también las protestas y críticas de las universidades, lo que sugiere una mezcla de enfoques.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a salir al auxilio de Javier Milei. El tribunal le concedió más tiempo al Gobierno para seguir estirando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). No fue el único servicio que los camaristas le proveyeron a la administración de La Libertad Avanza (LLA) al admitir una queja contra una resolución del juez Martín Cormick: posibilitaron que los funcionarios Carlos Torrendell (secretario de Educación) y Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) dijeran que estaban a derecho durante su presentación ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La disputa por el financiamiento universitario entró en un laberinto de apelaciones y quejas que se aceleró desde que Cormick empezó a intimar al Gobierno para que cumpliera con la medida cautelar que había dictado en diciembre pasado para que actualizara salarios y becas.
El proceso se dividió en dos: la medida cautelar y el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad del decreto con el que Milei frenó el cumplimiento de la LFEU. El 23 de diciembre, Cormick concedió la cautelar que le ordenaba al Gobierno pagar. En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó su resolución. La decisión quedó firme el 25 de junio pasado, cuando la Corte Suprema desestimó los recursos del Poder Ejecutivo.
El 6 de octubre pasado, Cormick resolvió el fondo. En ese fallo, el juez sostuvo que el decreto 759/2025 era inconstitucional porque Milei había recurrido a un mecanismo que no estaba previsto en la Constitución para no cumplir con la LFEU. El artilugio había sido decir que difería el cumplimiento de la norma hasta que el Congreso explicitara de dónde iban a salir las partidas para las universidades.
El 14 de octubre, Cormick dio un paso más: decidió aplicarle astreintes al titular de la Jefatura de Gabinete —es decir, a Diego Santilli— porque el Gobierno no estaba cumpliendo con la cautelar. Horas antes de la quinta marcha universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal salió al socorro del jefe de ministros al frenar todo el trámite.
Este martes, la Cámara volvió a aparecer en escena al conceder una queja que había presentado el Gobierno. El Poder Ejecutivo protestaba porque Cormick le había dicho que podía apelar su resolución sobre la inconstitucionalidad del decreto 759, pero que él iba a continuar ejecutando la medida cautelar.
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