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Desde la asunción de Javier Milei, se registraron al menos 953 casos de conflictividad laboral en todo el país. El dato, relevado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expone las tensiones derivadas de los procesos económicos, productivos y regulatorios propuestos por el Gobierno nacional.
En su informe especial Conflictividad laboral en el gobierno de Milei: datos de enero 2024 a noviembre 2026, generó una base propia a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y sitios sindicales, con información del sector público y privado. El relevamiento comprende los casos registrados hasta el 5 de noviembre, pero no representa la totalidad de los problemas, sino solo aquellos que tuvieron repercusión pública.
Como primera causa de conflicto figuran los despidos, que explicaron el 53,7 por ciento de los casos. Le siguieron los cierres de empresas (17,5), las crisis (10,7) y las suspensiones (9,1). El resto se distribuyó entre quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos, reclamos por condiciones de trabajo —principalmente salarios adeudados— y paralizaciones.
La preponderancia de los despidos guarda relación con la pérdida de 437.611 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados por CEPA.
La industria, en el centro de los conflictos
La industria concentra casi dos de cada tres conflictos laborales relevados: representa el 65,3 por ciento del total. Los sectores textil, alimenticio y metalúrgico y siderúrgico aparecen entre los más afectados, en un contexto marcado por la apertura importadora y la caída de la actividad. La crisis atraviesa incluso actividades vinculadas al agro y a la producción de bienes exportables. El caso de Electrolux, en Rosario, ilustra el deterioro: después de implementar suspensiones rotativas para 400 trabajadores, la empresa dejó de producir heladeras en abril y cerró su fabricación en septiembre.
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