El Gobierno acelera con el mamotreto de Sturzenegger

Un plenario de comisiones del Senado intentará este miércoles emitir dictamen sobre la modificada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo diera marcha atrás y Diputados incorporara al texto del proyecto en revisión la restitución de la ley de tierras rurales, que establece límites a la extranjerización de tierras y había sido eliminada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El cambio de postura de los libertarios buscó evitar que la oposición parlamentaria reuniera los votos necesarios para derogar todo el megadecreto que desreguló gran parte de la economía doméstica.

La decisión se produjo después de que un fallo de la Corte Suprema desestimara una medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 154 y de que, rápidamente y en sintonía con la Casa Rosada, habilitara otra cautelar sobre el mismo tema, en medio del rechazo generalizado de amplios sectores de la población a la medida inicial, por la cual los cortesanos eliminaban cualquier límite a la venta de tierras a extranjeros.

El Gobierno decidió retroceder y el proyecto modificado en la Cámara baja ahora deroga el artículo 154 del DNU 70/2023 e incorpora la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A través de esa norma se creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, con el objetivo de regular la titularidad de esos terrenos y limitar su adquisición por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Quedó atrás la intención original promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de elevar del 15 al 25% el límite que fija la ley para la venta de tierras a extranjeros en los niveles nacional, provincial y municipal. La movilización popular y la resistencia de los senadores obligaron a retirar ese capítulo del proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al igual que ocurrió con el apartado que modificaba la ley de manejo del fuego.

Sin embargo, la Casa Rosada también busca recuperar otros artículos del proyecto de ley que había quedado paralizado. Entre ellos figuran los que modifican las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, además de flexibilizar los desalojos e introducir cambios para “modernizar” el Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de expropiaciones, la iniciativa restringe la capacidad de intervención del Estado y exige que exista un fin de utilidad pública estricto, sujeto a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También establece que la indemnización debe pagarse en su totalidad antes de transferir el dominio e incluir el valor de mercado y el lucro cesante, bajo determinadas condiciones.