Caso $LIBRA: otro inversor apeló y pidió la “nulidad absoluta” del dictamen fiscal que promovió el sobreseimiento de Milei

Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez investigados por los presuntos delitos cometidos antes, durante y después del lanzamiento y colapso de $LIBRA, y el pedido de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), otro inversor reclamó ahora que se dicte la “nulidad absoluta” del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió a esos sobreseimientos.

El pedido de nulidad lo presentó Martín Romeo, por sí mismo y como apoderado de dos “pretensos querellantes”, Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le dio la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le da la ley para eso. En particular, cuando “el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor” de los sospechosos.

El planteo de Romeo apunta a la resolución que Martínez de Giorgi dictó el viernes, cuando sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal”. También benefició a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y a los “cueveros” Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol como tal todavía esté bajo revisión. Pero remarcó que el juez no le dio la oportunidad de opinar sobre el dictamen de Taiano. “Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal”, sostuvo.

Por eso reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo de manera subsidiaria pidió que revoque la decisión y ordene seguir investigando.

La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva facultades para intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió entonces en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva sus facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.