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La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la factibilidad del proyecto Sea Lion comenzará a discutirse este martes, cuando se realice la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tendrá un rol clave como asesor externo en la ingeniería legal del país. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque. Las audiencias del martes (y también las del miércoles) son públicas y se transmitirán en vivo en el sitio del Tribunal.
Buenos Aires construyó su argumentación sobre dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. De ahí deriva la tesis central: explotar recursos en un área bajo disputa activa viola el derecho internacional.
A ese argumento, el escrito argentino agrega uno de orden práctico: el petróleo es un recurso no renovable y su extracción no puede revertirse con una sentencia posterior. Una vez extraído, ningún fallo puede restituirlo. También invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino. Buenos Aires aclaró expresamente que no pide al Tribunal que resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en otro foro.
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