AmCham pidió adherir a un tratado internacional por semillas y alertó sobre el posible impacto de incumplir un acuerdo con Estados Unidos

En un contexto en que el Gobierno buscó acercar posiciones entre los productores agropecuarios y la industria semillera para avanzar con una nueva ley de semillas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó avanzar con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que establece normas de protección para quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. Además, recordó que se trata de uno de los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo comercial con Estados Unidos y advirtió que, si no se cumple, habrá que evaluar qué consecuencias podría tener sobre la relación entre los dos países.

“El gobierno trató de buscar un acuerdo entre las partes en términos de propiedad intelectual a través de una nueva ley de patentes. No funcionó. El gobierno estaría trabajando en algo. Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable. Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”, afirmó Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, durante un encuentro con periodistas realizado este martes en la sede de la entidad, en Buenos Aires. Y agregó: “No consideramos que sea necesario un punto intermedio entre las demandas de los dos sectores, que son determinantes a la hora de acelerar el proceso de exportación”.

Las declaraciones de Díaz se producen en un contexto en el que la propia industria semillera viene manifestando su intención de alcanzar un acuerdo con el Gobierno y las entidades rurales para avanzar con una nueva ley de semillas. Pese a las diferencias que todavía existen, las partes continúan hablando. De hecho, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) amplió las excepciones al pago por el uso propio para incluir a una mayor cantidad de productores. Desde el sector sostienen que una nueva legislación permitiría establecer reglas claras tanto para los productores como para las empresas.

Uno de los principales puntos de discusión es el denominado uso propio, que permite a los productores guardar parte de las semillas obtenidas en una cosecha para volver a sembrarlas, como en soja y trigo. Las diferencias se concentran en quiénes deberán pagar por esa reutilización, qué productores quedarán exceptuados y durante cuántos años se cobrarán las regalías. Mientras las entidades rurales propusieron que el pago alcance al 30% de los productores de mayor escala, la industria había planteado incluir al 60%, aunque amplió las excepciones sin precisar los nuevos límites.

También existen diferencias sobre el plazo de cobro: los productores plantean tres años desde la compra de la semilla, mientras que desde la industria se defienden períodos más extensos, de hasta 20 años. A esto se suma la discusión sobre la adhesión a UPOV-91, que las entidades rurales rechazan como marco de la nueva legislación.

En ese contexto, Díaz aclaró que AmCham no participa directamente de las negociaciones y que, si bien mantuvo conversaciones con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, desconoce el contenido del proyecto en el que trabaja el Gobierno. Por eso, ante una consulta sobre si consideraba un error buscar una solución intermedia entre productores y semilleras, respondió: “Eso no es un error. Yo no lo puedo considerar un error porque no tengo el contenido de lo que dice el proyecto. Tengo comentarios que he hablado con Federico Sturzenegger, con lo cual tengo claro el objetivo al cual van”. Y agregó: “Al no ver el contenido, simplemente puedo decir cuál es la preferencia de AmCham”.