Ahora se viene la suba de tarifas

Casi 2 millones de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires podrían enfrentar aumentos promedio del 22,6 por ciento en sus facturas de agua y cloacas, en medio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Dicha estimación surge a partir de que la empresa presentó un nuevo esquema tarifario, que contempla incrementos de hasta el 149 por ciento en determinados casos, mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con la entrega del 90 por ciento de las acciones de la compañía a un consorcio privado por 340,2 millones de dólares, una cifra inferior a la que inicialmente esperaba recaudar.

La propuesta comenzó a discutirse este lunes en una audiencia pública virtual convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El proyecto contempla aumentos para 1.998.747 usuarios residenciales, equivalentes al 60 por ciento del total. Para ese universo, la factura media mensual pasaría de 29.116 a 35.710 pesos, una diferencia de 6.594 pesos que se sumaría a los gastos habituales de los hogares.

El nuevo régimen también establece reducciones para 683.927 usuarios, aproximadamente el 20 por ciento, con una baja promedio del 14,7 por ciento. Otros 672.194 hogares mantendrían sus facturas sin modificaciones. Considerando el conjunto de usuarios residenciales, el incremento promedio sería del 11,4 por ciento, con una factura que pasaría de 27.156 a 30.250 pesos mensuales, sin impuestos.

La modificación central consiste en reemplazar el actual sistema de coeficientes zonales por una clasificación territorial basada en información censal y niveles de ingresos. AySA propone reducir de 11 a 5 los coeficientes utilizados para calcular las facturas de los usuarios sin medidor, con valores que oscilarían entre 0,75 y 2,75.

Sin embargo, detrás de los promedios aparecen incrementos considerablemente superiores. La documentación presentada por la empresa contempla ajustes de hasta el 149 por ciento para determinados usuarios, producto de la combinación entre la reclasificación territorial y la eliminación de bonificaciones. Las subas superiores al 100 por ciento alcanzarían al 3 por ciento del universo residencial analizado.