Mahiques dejó inaugurado el "Primer Congreso Internacional sobre Trata de Personas"

“Queremos que el Ministerio de Justicia tenga un rol protagónico en la lucha contra este delito, estamos haciendo lo posible y lo imposible para poner a disposición de quienes investigan y de quienes resultan víctimas de la trata todas las herramientas para avanzar en la lucha contra este flagelo", enfatizó el Ministro de Justicia que continuó diciendo "Estamos reorganizando el sistema judicial, poniendo a disposición todos los recursos del Ministerio y seguiremos haciéndolo”.

Juan Bautista Mahiques presidió el acto de apertura del "Primer Congreso Internacional sobre Trata de Personas", junto al procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal; el director por la Argentina ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Carlos Sanguinetti; y Felipe Vera, jefe de Operaciones para la Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro reunió a autoridades y especialistas nacionales e internacionales para analizar las nuevas formas de explotación, los cambios en las modalidades delictivas y los desafíos que plantean para la prevención, la investigación y la persecución penal de la trata de personas.

“La naturaleza multidimensional de este fenómeno exige respuestas penales, pero también políticas públicas y compromisos institucionales sostenidos en el tiempo”, señaló el Procurador General de la Nación.

Durante la primera jornada, el Ministerio de Justicia presentó las políticas y herramientas destinadas a combatir la trata de personas. Participaron el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz; Zaida Gatti, de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y Ramiro Mcann, de la Coordinación de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas.

Los paneles abordaron la trata con fines de comisión de delitos y su vinculación con la criminalidad organizada; la explotación en entornos digitales y el uso de nuevas tecnologías; los desafíos que presenta el proceso penal acusatorio; y la dimensión económica del delito, con especial atención a las investigaciones financieras, el lavado de activos y la reparación a las víctimas.