El Gobierno Nacional reunió a inversores nacionales e internacionales para presentar la licitación de AMBA I

La apertura estuvo a cargo del viceministro de Economía, quien destacó las transformaciones que está viviendo el país en materia económica. Señaló que en las reuniones del G20 la Argentina es mencionada como un modelo, al ser el único país con superávit fiscal y externo, también energético, y el único en el que la deuda como porcentaje del producto está bajando. En ese sentido, remarcó que el programa de estabilización está avanzando tan bien, o mejor, de lo que se esperaba.

Durante la jornada, los funcionarios nacionales y los equipos técnicos expusieron frente a inversores, CEOs de empresas y embajadores los detalles técnicos, financieros, legales y regulatorios de la licitación de AMBA I, abriendo un espacio de diálogo con los actores del sector privado.

Esta obra constituye un hito fundamental en la política de infraestructura nacional orientada a garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en general.

Daniel González explicó que las obras necesarias para transformar, actualizar y modernizar el sector de transmisión eléctrica ya estaban identificadas, y que la decisión fue que el Estado no las lleve adelante en forma directa. Por eso, indicó, se generó un mecanismo de concesión de obra, a través del cual el sector privado será quien invierta.

Por su parte, Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, explicó que el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico es un plan federal, con líneas y obras en varias regiones del país, y que existe consenso de mercado sobre cuáles son las obras prioritarias para el desarrollo del transporte eléctrico. Detalló que AMBA I contempla obras en distintas líneas de tensión —500, 220 y 132 kV—, un total de 270 kilómetros de línea, la incorporación de 2.160 MVA de potencia, un valor aproximado de USD 800 millones y un plan de inversión estimado en 52 meses para las dos etapas.

El proyecto de AMBA I, además, cuenta con condiciones que fortalecen su financiamiento y previsibilidad: contempla el respaldo de una garantía del BID, que se encuentra actualmente en proceso de aprobación, y habilita al adjudicatario a solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que permite reducir riesgos, atraer inversión privada y asegurar reglas claras de largo plazo.