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Argentina dio un nuevo paso para cerrar uno de los litigios más costosos de su historia judicial en el exterior. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska oficializó la anulación de la condena que obligaba al país a pagar alrededor de US$16.000 millones por la expropiación de YPF, al incorporar al expediente las consecuencias del fallo favorable que había dictado la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en marzo de 2026.
La resolución, fechada el 19 de octubre, dejó sin efecto la parte de la sentencia de primera instancia que había reconocido el reclamo por incumplimiento contractual contra el Estado argentino. De esta manera, el expediente quedó en una instancia decisiva, aunque todavía resta determinar si la Corte Suprema estadounidense aceptará intervenir ante el recurso presentado por los demandantes.
La medida de Preska formaliza en el tribunal de primera instancia el cambio de escenario que se produjo después de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo, su fallo de septiembre de 2023. Aquella sentencia había establecido una indemnización multimillonaria a favor de los fondos que reclamaban compensaciones por la estatización de la petrolera.
En el documento judicial, la magistrada ordenó anular la parte de su sentencia definitiva que había concedido a los demandantes una indemnización por incumplimiento contractual contra la República Argentina y dispuso que ese reclamo fuera desestimado. La decisión se ajusta a lo establecido por el tribunal de alzada, que había cuestionado los fundamentos jurídicos utilizados para condenar al país.
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