Avanzan las privatizaciones: el gobierno de Javier Milei adjudicó la venta de AySA por u$s340 millones

AySA fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. En julio de 2025, el Decreto 494 autorizó su privatización total con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, y el remanente en bolsas y mercados del país. En mayo de este año, la Resolución 704/2026 convocó a una licitación de etapa múltiple, sin precio base, para vender a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales.

El 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron, y ambos fueron preseleccionados el 5 de octubre. Las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Nuevas irregularidades en la privatización de AySA

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) quedó bajo cuestionamiento por posibles conflictos de intereses entre empresas vinculadas al grupo que presentó la oferta ganadora y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA). El consorcio encabezado por Rowing S.A. fue seleccionado para adquirir el 90% de las acciones de la compañía por u$s340,2 millones, una cifra inferior a los u$s500 millones que el Gobierno había anticipado como piso esperado para la operación.

Las alertas apuntan a los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que también reúne a Direct Group y Lógico, dos firmas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Según la información pública de la Cámara Nacional Electoral, las contribuciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año. El dato fue señalado por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en medio de los cuestionamientos al proceso de transferencia de la empresa estatal al sector privado.

En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones utilizadas para determinar el valor de AySA. Los legisladores cuestionaron que los informes de valuación se mantuvieran bajo reserva y denunciaron que el procedimiento habría apartado al Tribunal de Tasaciones de la Nación de su intervención habitual. Según el planteo, esa falta de información impide conocer los criterios empleados para fijar el valor de la compañía y evaluar si la oferta seleccionada resulta conveniente para el Estado.